Hará falta mucho más

Disponer de una vivienda digna es uno de los pilares básicos del estado del bienestar y a partir del cual comenzar a tener una vida digna también. Si bien es cierto que este es un problema generalizado en nuestro país, no lo es menos que la gravedad del mismo es mayor o menor en función del territorio. Las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, junto a aquellos lugares eminentemente turísticos, son los que sufren con mayor virulencia este problema.

Nuestra comunidad autónoma es una de las más azotadas y de las cuatro islas, sin duda, son Ibiza y Formentera las más afectadas. Según diversos portales de internet dedicados al sector inmobiliario, son estas dos islas las más caras a la hora de alquilar una casa. La situación no mejora si nos referimos al precio de la vivienda de segunda mano, también en constante aumento. Todo ello provoca una cascada de dificultades a todos los niveles durante todo el año y muy especialmente durante la temporada estival. Son numerosos los casos de profesionales de diversos sectores laborales, comerciales y económicos que renuncian a la posibilidad de instalarse en nuestras islas por las dificultades que tienen a la hora de poder encontrar una vivienda digna donde residir y a un precio razonable.

Este no es un problema reciente ya que hace muchos años que se viene arrastrando y, si bien es cierto que el actual ejecutivo progresista que se encuentra al frente del Govern está haciendo mucho más de lo que pudieran haber hecho los diversos gobiernos conservadores, lo que se hace sigue siendo claramente insuficiente.

Hay varios proyectos en marcha de viviendas de protección oficial, pero se trata de un número claramente insuficiente de viviendas como para que puedan incidir como hace falta y de forma rápida y clara en solventar la problemática. Es muy superior el número de demandantes de una vivienda social que la cantidad de ellas disponibles en manos del Ibavi.

Con todo ello, últimamente se habla y se debate mucho en torno al proyecto de ley de vivienda que el Gobierno de la nación tiene en tramite y del que, poco a poco, se van conociendo algunos detalles. Este proyecto se anunció como la esperada herramienta de carácter estatal que debía ser el marco que se utilizara por parte de las CCAA para articular sus propias normativas; pero me temo que, si bien supondrá un avance en determinadas cuestiones, se queda corto en algunas otras. Y son precisamente estas últimas las que, sin duda, más nos afectan, ya que no inciden lo suficiente en aquello que aquí resulta fundamental, y me estoy refiriendo al control de los alquileres.

La posibilidad de intervenir solo en las denominadas zonas tensionadas y que fundamentalmente se incida sobre los denominados grandes tenedores reduce sustancialmente la capacidad de actuación o intervención. En el caso de Baleares, no se afectaría más que al cuatro por cien de los alquileres, algo claramente insuficiente y ridículo. La Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern va a tener que esforzarse en encontrar y poder aplicar medidas que vayan más allá del reducido marco que pueda otorgar la nueva Ley Estatal de Vivienda.

A nivel puramente local, la oposición en el ayuntamiento de Vila tampoco demuestra mucha imaginación a la hora de aportar sus propuestas, ya que pasan por lo de siempre: rebaja de impuestos indiscriminada, ocupación de todo el suelo urbanizable y eximir a los promotores privados de colaborar en la puesta en el mercado de vivienda de protección. Parece que se les olvida que todas esas medidas ya las puso en practica su idolatrado Aznar y que todo ello desembocó en una espantosa crisis del ladrillo.

Hará falta que tanto los responsables de gobernar como la oposición demuestren mucha más capacidad de gestión y trabajo que la mostrada hasta la fecha.