La línea entre flirtear y pelear puede resultar finísima en función del ojo con el que se mire o el oído y entendederas del que atiende un asunto. Que la Administración de Justicia no atraviesa su mejor momento es bien sabido pero hay episodios que no son aceptables.
El miércoles de la semana pasada un joven británico se sentó en el banquillo de los acusados para responder por una acusación de violación. Se enfrenta a una petición de seis años entre rejas. El delito es muy grave y la pena va en consonancia a los hechos denunciados. Además de las pruebas, el tribunal juzgador atiende a la declaración de los implicados.
El problema surgió cuando el testimonio del acusado quedó desvirtuado por la errática traducción que realizaba la intérprete. La traductora de inglés, no de suajili o mandarín, de inglés, erró al traducir flirting -flirteando- por fighting -pelando. El buen oído de la letrada Cristina Samaan y de la fiscal Marchena alertaron de lo que estaban presenciando y evitaron que el despropósito fuera a mayores. Lo más dramático es que chapuzas de este calibre vienen sucediéndose en las islas desde hace años. Detrás del problema está la falta de dotación presupuestaria.
El episodio vivido en la Audiencia de Palma por la presunta violación de una joven en Sant Antoni pone también de manifiesto la importancia del papel cuestionador del representante fiscal. Días atrás las redes sociales y la opinión púbica clamaban injustamente contra el interrogatorio del fiscal en el caso de la manada de Sabadell. Por muy duro que pueda parecer, el fiscal hizo su papel. Los hechos juzgados deben quedar claramente probados. El autor material fue condenado a 31 años de prisión y a más de 13 los compinches a la hora de generar «un clima de terror». Lo de dejar libres a chorizos reincidentes ya es harina de otro costal.
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