Ciertamente sería deseable que todo aquello que se dice en política, fuera lo que realmente se pretende hacer. Hablar en determinados momentos defendiendo unos postulados y acabar haciendo todo lo contrario, dice muy poco a favor de quien actúa así. Estos últimos días hemos conocido un nuevo agravio perpetrado desde Mallorca al resto de las islas.
Ante el anuncio de una línea de subvenciones del Fondo de Garantía Agraria (Fogaiba) publicado en catalán, se presento por parte del Consell Insular de Formentera un recurso ante la justicia para que en este tipo de anuncios se pudieran emplear también las distintas modalidades insulares de catalán que se vienen utilizando coloquialmente en cada una de nuestras islas. Cabe recordar que Fogaiba es una entidad publica del Govern Balear y que tanto en nuestro Estatuto de Autonomía, como en la vigente Ley de Normalización Lingüística se recoge la necesidad y conveniencia de difundir esas modalidades insulares.
La justicia ha resuelto el conflicto decidiendo rechazar el recurso presentado por la principal institución de Formentera, pero esto no es lo realmente importante. Lo que resulta verdaderamente relevante es que desde Palma se haya permitido que se tenga que recurrir a la justicia en reclamación de algo que debería ser lo habitual y no decidiera en su momento atender sin más la petición que se hizo desde la menor de las Pitiusas.
Da la impresión que no existe voluntad real de aplicar aquello que se predica y por tanto de atender y cumplir todo aquello a lo que todos los políticos se han comprometido al prometer o jurar sus cargos y que supone la obligación de cumplir y hacer cumplir entre otros, el Estatuto de Autonomía. De nada sirve que todos aseguren desvelarse por todo aquello que afecta también a las mal denominadas islas menores, si luego no se demuestra con hechos cuando se esta gobernando y se tiene la posibilidad real de cumplir ese compromiso.
Poco valor tiene aquello que se dice durante las campañas electorales si se constata que las promesas acaban quedando en simple papel mojado. Puede parecer que este es un asunto menor, pero en realidad tiene mucha más importancia de la que parece o de la que algunos le quieren dar, ya que no es este el único caso de agravio en el tema lingüístico, ya que hay otros casos en los que no se respeta la validez oficial de las diferentes modalidades insulares de catalán.
Como ejemplo de lo que está ocurriendo, basta hacer referencia sin más a los cursos de catalán que se están impartiendo a través de un estamento oficial y dependiente del Govern Balear, como es el Institut d'Estudis Baleàrics y en los que la única modalidad aceptada como valida es el mallorquí, es decir el catalán que se utiliza en la isla sede del ejecutivo balear. Si a la hora de hacer los ejercicios de dicho curso, un alumno utiliza en los mismo alguna palabra de las modalidades de catalán de Eivissa o Formentera, el sistema corrector automáticamente las da por incorrectas y el ejercicio en cuestión no se da por bueno.
Está claro que sea como sea, desde Palma se persigue imponernos a todos como la única modalidad valida de catalán en nuestras Illes Balears su mallorquí, algo que no casa nada bien con lo de promover y proteger las modalidades lingüísticas de cada una de las islas.
De nada sirve predicar a los cuatro vientos la necesidad de defender las bondades de la descentralización a través de las Comunidades Autónomas de la gestión política y administrativa, si luego no se tiene ninguna voluntad de demostrar que se cree en esa descentralización cuando hay que aplicarla internamente. Resulta contradictorio reclamar mayor capacidad de decisión de Balears respecto de Madrid, si no se demuestra que también se tiene respeto por parte de Mallorca hacia el resto de las islas.
Lo de las modalidades lingüísticas no es mas que uno más de los numerosos agravios de Mallorca hacia nuestras islas, recordemos lo que ocurre también con el transporte terrestre o con la gestión integral del agua.
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