En este espacio voy a tratar un nuevo caso sobre el gran debate de la libertad de expresión y el papel que tienen las redes sociales sobre lo que publicamos. Twitter bloqueó la semana pasada la cuenta oficial del partido político Vox al considerar que la formación había incumplido algunas reglas internas, entre ellas la que prohíbe “conductas de incitación al odio”.
Tras este acontecimiento, Vox ha presentado este lunes una querella contra Twitter y su responsable en España, Nathalie Picquot, al considerar que el bloqueo de su cuenta supone una lesión de sus derechos fundamentales, la imputación falsa de un delito de odio y la comisión de otro de injurias y calumnias.
En este contexto, les planteo una serie de preguntas: ¿ha actuado correctamente Twitter? ¿se trata de un acto de censura hacia Vox? ¿quién determina lo que se puede publicar? ¿quién marca el límite de la libertad de expresión? Soy absolutamente partidario de la libertad de expresión, pero también hay que entender que en este espacio también impera la libertad de empresa. La decisión de bloquear la cuenta de Vox se basa en las políticas internas de moderación de contenidos de la red social Twitter. Hasta ahí todo claro. Lo cierto es que en un contexto tan relevante como es el de una campaña electoral, esta plataforma debería permitir que los partidos políticos, independientemente de su ideología, compartan sus discursos para que la población sepa lo que piensan sobre diferentes temas. Es más complicado que la sociedad pueda juzgarlos si silencian comentarios, aunque sean disparates u ofendan a una parte de los usuarios de dicha red social.
A mi juicio, corresponde a los ciudadanos juzgar dichos discursos. Me preocupa la libre formación de la opinión pública ante estas decisiones.
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