Adrián M.06/01/21 4:01
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El Tribunal Penal Central de Londres ha denegado en primera instancia la orden de extradición de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, a los Estados Unidos, donde está acusado de haber violado la Ley de Espionaje y se enfrenta a penas de prisión de hasta 175 años. Sin embargo, esta sentencia no ha sido una victoria de la libertad de prensa. La magistrada británica Vanessa Baraitser no ha decidido extraditarlo por motivos de libertad de prensa y libertad de expresión; más bien, la jueza lo ha hecho por motivos de salud, alegando el riesgo de suicidio de Assange en caso de ser trasladado a cárceles estadounidenses. Baraitser también ha considerado que los hechos que se le reprochan constituyen un delito bajo los parámetros del derecho británico.

El caso de Assange como alertador (whistleblower) es una amenaza para la libertad de prensa y sienta un terrible precedente para la seguridad de los periodistas y medios de comunicación, y para la protección de los alertadores. Independientemente de si ha hecho cosas bien o mal, la finalidad de Assange es la misma o similar que la de muchos periodistas. La libertad de prensa y el derecho a saber son esenciales para consolidar la democracia y el respeto y garantía de los derechos fundamentales. Además, me sorprende el escaso apoyo que ha tenido por parte de los profesionales del sector de la comunicación y de la opinión pública mundial. Este hecho está sentando un precedente judicial por la puerta trasera que podría ser aplicado contra las revelaciones que publiquen los medios de comunicación.

La publicación de documentos secretos por parte de WikiLeaks ha arrojado luz sobre grandes escándalos políticos y financieros. Sin Assange y sin WikiLeaks la ciudadanía habría permanecido ciega ante estas investigaciones.