José Vicente Marí Bosó.Ibiza13/09/20 4:01
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Cuando Giovanni Sartori tuvo oportunidad de reflexionar sobre la democracia –cosa que hizo profusamente- señaló el peligro de «discutir mucho de la palabra ignorando la cosa». Es lo que le pasa –en mi opinión- al Gobierno de Sánchez e Iglesias: utilizan mucho la palabra democracia, todo lo de los demás es antidemocráctico y una determinada posición –usualmente la suya- es la más democrática del mundo pero ignoran en todo momento la cosa, ignoran en todo momento el concepto de democracia moderna.

Con la mayoría más exigua de nuestro periodo democrático en estos dos y medio años de gobierno Sánchez hemos asistido, sin embargo, al ejercicio del poder más despótico, ignorando la cosa, hablando mucho de democracia pero ignorando lo primero que la democracia exige a los gobernantes: entender que siempre hay parte de razón en los otros.

La derogación el pasado jueves en el Congreso del Real Decreto Ley relativo a la aplicación de los remanentes positivos de tesorería por nuestras administraciones locales es el último ejemplo de lo que digo, no tanto por su contenido que recogía cuestiones pacíficas como la prórroga de la utilización del superávit de 2019 que se viene haciendo desde 2014 junto a una verdadera confiscación de los ahorros de los municipios sino primeramente porque ha sido reflejo de la arrogancia del gobierno Sánchez, que se comporta como si tuviera una amplísima mayoría cuando lo que tiene es únicamente una ‘escasa mayoría' dependiente de una multitud de minorías diversas.

El comportamiento de la Ministra Montero en este affaire ha desconocido lo que implica gobernar en democracia, seguramente porque le cuesta entenderla, y más si cabe lo que implica gobernar en minoría como se lleva demostrando desde hace dos años y medio en que no ha conseguido hacer lo fundamental de su departamento: aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y, en cambio, en este tema de los remanentes municipales ha conseguido tener en contra a todo el mundo, a todo el mundo, excepto Abel Caballero que de tantas luces ha quedado deslumbrado y sin ver que antes que a Sánchez representa al municipalismo español.

La palabrería oceánica de la Ministra de Hacienda, su grandilocuencia hueca, no ha impedido esta vez que quedara en evidencia su ignorancia de la cosa, sus comportamientos arrogantes y sus imposiciones. No ha tenido capacidad de aceptar el diálogo democrático como cauce la para solución de los problemas y que la mutua avenencia se encuentra en la base de toda legislación, lo que se demuestra, además, en el hecho de que al chantaje primero de la confiscación de los ahorros municipales se ha añadido el chantaje segundo de advertir que si no se convalidaba el Real Decreto Ley no ayudaría en el futuro a los ayuntamientos. Una bravuconada más que incide en el autoritarismo de este gobierno.

Las administraciones municipales son las únicas que tienen margen fiscal en nuestro país. No lo tiene el estado ahogado por el despilfarro de la propia Montero en 2019 que con el crecimiento ya menguante del 1,6% dobló el déficit público. No lo tienen las autonomías que también incumplieron el objetivo en 2019 y que además cargan con el grueso del gasto de nuestro estado de bienestar, siempre rígido y que exige mayor esfuerzo aún en las fases de contracción como la que nos encontramos. Las administraciones locales, sin embargo, pueden –gracias a la Ley Montoro- multiplicar los esfuerzos fiscales porque han venido teniendo superávit durante varios ejercicios y pueden aplicar –ya de entrada- cerca de 3.600 millones de euros en este 2.020 cumpliendo sus presupuestos sin incurrir en déficit fiscal.

De lo que se trataba era de utilizar ahora, en la crisis, el margen fiscal de las entidades locales en beneficio de sus ciudadanos en una situación terrible derivada de la pandemia pero que fueran estas administraciones las que lo utilizaran y no que la administración central se lo expropiara. Esta era y es la cuestión.

La solución pasa, en mi opinión, por aplicar el artículo 135.4 de la Constitución que permite, previo acuerdo por mayoría absoluta del Congreso, la suspensión de las reglas de estabilidad en caso de catástrofe (pandemia) por el plazo que se considere, cosa que ya ha hecho la Unión Europea respecto de los países miembros y ya ha indicado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en nuestro país, y con ello los Ayuntamientos podrían invertir los remanentes, en los plazos también que se consideren, para hacer las políticas públicas de protección y de reactivación económica que la situación exige, arbitrando al mismo tiempo fondos estatales para que esas políticas puedan hacerlas también aquellos entes locales que no tienen hoy remanentes positivos de tesorería.
Y la solución pasa, también, por un ejercicio de humildad en el gobierno de la nación, por dejar de hablar tanto de democracia y unidad y, en cambio, no ignorarlas.