Joan Miquel Perpinyà.Ibiza27/04/19 4:01
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La Audiencia Nacional acaba de absolver a un señor de los graves delitos de los que había sido acusado por la Fiscalía: blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Pasó 21 meses encarcelado preventivamente para evita su fuga y que destruyese las pruebas que le incriminaban, que ahora comprobamos inexistentes o al menos poco sólidas. Sus abogados solicitaron en 13 ocasiones su libertad provisional, pero la magistrada del Juzgado Central de Instrucción, Carmen Lamela, la denegó. El nombre de la persona que ha padecido semejante suplicio, Sandro Rossell (expresidente del F. C. Barcelona) es irrelevante. Lo que le sucedió a él podría pasarle a mucha gente. Y demuestra que la prisión preventiva se usa de forma indiscriminada y muchas veces poco rigurosa. Como si no hubiese ninguna otra medida cautelar para alcanzar el fin que se persigue con una privación de libertad previa a la celebración de un juicio justo y con las debidas garantías.

En Ibiza ha causado conmoción el caso de Nuria Ester Escalante, una mujer de 52 años que lleva más de seis meses desaparecida. Los investigadores de la Guardia Civil detuvieron inicialmente a los cinco hombres que tuvieron contacto con ella antes de esfumarse sin dejar rastro. Fueron enviados a prisión preventiva mientras se esclarecía el papel de cada cual. Quedaron en libertad cuatro, uno tras otro, al comprobarse que solo uno de ellos había entrado en un callejón de Sant Antoni de Portmany con la mujer, pero únicamente salió él. De Nuria nunca más se supo. El principal sospechoso primeramente se negó a colaborar con la Justicia y más tarde incurrió en contradicciones. Pero como no aparece el cuerpo de Nuria, a quien se da por muerta, pues mala suerte. El tipo fue liberado y anda suelto. Como si nada. Como si una mujer de la que ya no tenemos más noticias ni veremos más con vida, no faltase de su casa.

Los dos casos anteriores y muchos otros que podría narrar hasta aburrirles, ponen de manifiesto que hay demasiados jueces y fiscales que no calibran correctamente sus órdenes de prisión preventiva. Así, el legislador debería modificar la Ley para aclarar la situación y evitar injusticias y arbitrariedades. Porque en efecto, las hay y se cometen a diario, sin que a nadie parezca importarle. Y lo más grave, sin que tengan consecuencias para los responsables. Una impunidad que actúa como facilitador.