La confusión genera más confusión

Se trata de una propuesta legislativa que arranco hace diez años y que inexplicablemente se tramita a punto de dar por cerrada la presente legislatura. No parece muy difícil entender que Vila es sede de numerosos servicios de todo tipo, tanto administrativos como de cualquier otro calibre; y que de todos ellos disfrutan tanto los residentes en la isla, como los que residen fuera de la misma.

Parece claro también, que todos esos servicios, requieren tanto de personal como de infraestructuras y que ambas cosas tienen un coste elevado. Lo que resulta más difícil de entender, es que hasta ahora no haya aparecido una posibilidad de consenso suficiente para tramitar esta ley. Lo que ahora se ve claro, podría haberse visto igual al principio de legislatura y haber tenido cuatro años para negociar todo lo que hubiera sido necesario.

De haberlo hecho de esta forma, seguramente se habría podido evitar que surgieran determinadas acusaciones que aparecen actualmente en los debates parlamentarios del tramite de la ley en cuestión. Esto último, para lo único que sirve, es para crear confusión sobre algo que debería ser y creo que es muy claro; que es el derecho de Vila a una ley de capitalidad que le permita compensar el elevado coste que supone ejercer de capital de la isla, con todo que ello conlleva.

En el debate parlamentario al que antes me he referido, han surgido comentarios y propuestas, que han resultado ofensivos unos y creado confusión las otras. Entre estas últimas, señalaré la propuesta del PP de reclamar una consideración especial para Menorca a cuenta de su nombramiento como Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO. Ese planteamiento se propone como contraposición a la Ley de capitalidad, y por supuesto conllevaría una dotación económica, como es fácil suponer.

Ir por esos derroteros puede desembocar en que por ejemplo, cualquier ciudadano de Eivissa, se plantee que también debería compensarse económicamente y por ley, la consideración de Eivissa Patrimonio de la Humanidad, nombramiento que también es de la UNESCO y que afecta a varios municipios de la isla de Eivissa y al de Formentera; y ello al margen de la ley que está en tramite.

Se trata de una idea que enreda bastante la cuestión y acaba creando más confusión. Hay que tener en cuenta que, tal como se reconoció en determinado momento del debate parlamentario, la Ley de Régimen Local permite que las ciudades consideradas capital, pueden tener un régimen especial; y esa parece la vía correcta para enfocar la propuesta en cada isla. Cualquier otra vía, puede acabar suponiendo un cierto agravio comparativo y suscitar una mayor polémica.

Por todo ello, lo correcto hubiera sido iniciar la tramitación de la Ley de capitalidad de Eivissa, en el primer o segundo año de la legislatura; en lugar de hacerlo en los últimos meses de la misma.

Y por supuesto centrarse en aquello que la normativa actual ya permite y es valido para todas las islas, aparcando las propuestas que supongan cambalaches legislativos, que tan solo acabarán generando mayor confusión.