Madrid a veces escucha a Armengol

Sin embargo, esta semana hemos comprobado que a veces hay excepciones y el Gobierno central atiende a las peticiones que se le hacen desde Balears. Así, la Abogacía General del Estado ha desistido del recurso contencioso-administrativo que se tramitaba en el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra el decreto de capacitación lingüística de los trabajadores de la sanidad pública balear. Se zanja así la discusión sobre un asunto que no es pacífico y sobre el que hay diversidad de opiniones, según el enfoque de cada cual. Si se ve desde la perspectiva de los profesionales o si se ve desde la de los usuarios. La norma que establece que cualquier profesional sanitario puede optar a un puesto de trabajo sin necesidad de acreditar el conocimiento de un determinado nivel de catalán, pero que si aprueba deberá hacerlo si no quiere verse penalizado, se aplicará sin necesidad de pronunciamiento judicial.

La solución dada por el Govern de Francina Armengol ante el fuerte rechazo del personal sanitario al borrador inicial que impulsaba Més, parece muy razonable. Permite que todo el mundo oposite, pero otorga un plazo de dos años para acreditar un determinado nivel de catalán que garantice el derecho de los usuarios a ser atendidos en cualquiera de las lenguas oficiales de Balears. Ahora bien, decir que la retirada del recurso prueba la legalidad del decreto es una majadería, como lo hubiese sido afirmar que recurrir era una prueba de su ilegalidad.

Tiene razón la Delegación del Gobierno al afirmar que la retirada del recurso se produce a partir de la «voluntad política» expresada por el nuevo Ejecutivo. Y para solucionarle un problema a Francina Armengol y a Patricia Gómez, que así respiran más tranquilas.