Es síntoma inequívoco de la idiotización de nuestro tiempo, al menos aquí, que un intento de golpe de Estado se acoja como una banalidad susceptible de arreglarse mediante el expediente de una convocatoria de elecciones en las que se permite a los golpistas su victimista participación, algo que se me antoja equivalente al de tratar de sanar un cáncer con mercromina.
Las consecuencias económicas de la asonada son catastróficas y arredrarían a cualquier electorado sensato, pero no a ese «caladero de amebas que produce un sistema educativo», en frase feliz de Ignacio Ruiz Quintano, de manera que los separatistas, una vez liberados de las molestias que suelen producir las estancias en un establecimiento penitenciario, volverán al tabarrón independendista una vez se satisfagan las fianzas que puedan imponérseles con el dinero de los compatriotas de los que quieren separarse.
Es difícil empeño tratar de comprender un estado de idiotización generador de un Estado idiotizado dispuesto a seguir financiando las aventuras separatistas con tal de que vaya pasando el tiempo y se haga de la inacción virtud consistente en un «manejo magistral de los tiempos» que no prevé una acción rápida y contundente de la justicia ni un escenario político radicalmente mejor del que había meses atrás, porque la única manera de frenar el fanatismo es mostrándole a las claras quién manda y quién está obligado a obedecer. Lo demás es idiocia.
En un artículo en «El Mundo», Jorge de Esteban, ha escrito que «en España para tomar posesión de un cargo público es necesario ‘jurar o prometer cumplir las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado', según reza el artículo 1 del Real Decreto de 5 de abril de 1979. Es más: también el artículo 108.8 de la Ley orgánica de régimen electoral general reitera esta obligación del juramento para tomar posesión del cargo electivo que se vaya a ejercer. De ahí que resulte insólito que para que estos caballeros salgan en libertad, en contra del parecer de la Fiscalía, sea suficiente, según parece, que acaten el artículo 155, el cual se ha convertido en la supernorma de la Constitución».
Sólo me queda añadir que la presentación de un recurso por parte de Podemos a la aplicación del famoso 155 podría producir una situación aún más surrealista, porque de su tenor literal no parece desprenderse que el Gobierno tenga más facultades que las de «dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas», no la de destituirlas.
1 comentario
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Es todo delirante, e pur si muove. Razones hay para este laissez faire laissez passer suicida, no por ocultas menos contundentes. Vamos de victoria en victoria hasta la derrota final. Los buenos ganan solo en las películas del Oeste. Que se lo pregunten a los padres y hermana del de la katana.