Los colaboradores más cercanos al Presidente hablan del alivio con el que fue recibiendo las noticias de Cataluña en las que tras la aplicación del Artículo 155 se hablaba de «normalidad». Normalidad entendida como ausencia de tensión o manifestaciones de fuerza por parte de los funcionarios de las diferentes consejerías intervenidas. Alivio, sobre todo, al constatar que no se producía la pronosticada reacción de la calle. Pese a su carácter reservado, casi hermético, no ocultaba la gran tensión vivida en las horas previas al anuncio de la disolución del «Parlament» y la destitución de todos los miembros del «Govern».
No era para menos. Nunca había sido intervenida una Comunidad Autónoma. Las incógnitas ante tamaña decisión eran muchas. Se temía la reacción en Cataluña, y, también, las de fuera de España, visto el relato victimista exportado por los sediciosos con la lamentable ayuda de algunos corresponsales de la prensa internacional. Fue grande la tensión de vísperas y en paralelo, grande el alivio al constatar que al margen de los círculos políticos y de los medios afines a los separatistas, el llamado «procés», había sido bloqueado mediante la aplicación de un instrumento jurídico plenamente legal por estar previsto en la Constitución.
Se ha comparado la tensión generada por la situación catalana con la otra crisis, la económica. Aquellos también fueron días cruciales: la prima de riesgo apuntaba hacia la estratosfera y parecía que España acabaría intervenida como lo fueron Grecia, Irlanda y Portugal. Pero la gran diferencia entre uno y otro episodio es que intervenir o no la economía española no dependía exclusivamente del Gobierno de España. Había más actores sobre el escenario: Bruselas, el Banco Central Europeo, la canciller Merkel, los mercados, etc.
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