El Partido Popular que reseteó hasta treinta y cinco veces el ordenador de Bárcenas hasta hacerlo irrecuperable, no quiere sentarse en el banquillo de los acusados. Pretende hacer creer a la ciudadanía que fueron la actual tesorera del partido Carmen Navarro, el asesor jurídico de la formación Alberto Duran y el ex responsable de informática José Manuel Moreno, los que destruyeron las pruebas de la caja B del partido porque les dio un pronto.
Cuando se acerca el momento de sentarse en el banquillo apela a la ‘doctrina Botín' para ser apartado de la causa de inmediato y que se archive la investigación. Y todo porque el fiscal no les acusa (¿qué extraño?) y el principal damnificado, que en este caso sería Luis Bárcenas, espera encontrar alivio a su pena en un pacto con su antiguo partido: yo no te acuso y tu mueves los hilos para rebajar mis condenas y preservar mi patrimonio.
El conflicto catalán había trasladado a un segundo plano los problemas de corrupción del PP, pero la Justicia, lenta hasta la extenuación pero imparable, sigue su curso, mientras nuevos protagonistas, como el ex ministro Zaplana, entran en la categoría de ‘investigados'. Las conversaciones grabadas a Zaplana y al ex presidente madrileño Ignacio González superan cualquier baremo de bochorno y escándalo público. De ser cierto el episodio que comentan sobre el intento de chantaje al presidente del Gobierno por supuestos cobros que figurarían en los llamados papeles de Bárcenas se hace más necesario que nunca que el PP explique y detalle su ‘Caja B'. La denominada ‘doctrina Botín' fue una sentencia del Supremo ante una acusación contra el entonces presidente del Banco Santander al que exoneró porque la imputación solo la sostenía una acusación particular. La sentencia, que creo doctrina, no sirvió para librar del banquillo ni al ex presidente vasco Atutxa ni a la Infanta Cristina en el caso Noos, porque los delitos de los que se les acusaba afectaban al interés social y colectivo. ¿Qué mayor interés social que la financiación irregular de un partido, que en este momento ocupa el Gobierno de la Nación, con fondos públicos aportados por mordidas en contratos de la administración?. No hay que olvidar que los ‘papeles de Bárcenas de los que el acusado guardó copia a buen recaudo, describían, con la precisión de un contable, los ingresos y gastos en dinero negro que llenaban las arcas y los bolsillos de los dirigentes del PP.
Es difícil que el tribunal admita en este caso que las acusaciones particulares no son suficientes. Aunque, después de contemplar como los miembros del depuesto Ejecutivo de la Generalitat alegan que la ‘República Catalana' fue simbólica, efímera, una ensoñación romántica, se puede deducir la aversión que todos los partidos políticos y sus dirigentes, a los que se les llena la boca con la palabra Justicia, experimentan ante su aplicación a ellos mismos. Y es que la ley está para aplicársela siempre a los demás.
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