¿Fiscal general del Estado o del Gobierno?

El Gobierno del conservador Mariano Rajoy --se supone que por iniciativa suya o al menos con su consentimiento-- había filtrado que pretendía hablar con el socialista Pedro Sánchez y el centrista Albert Rivera sobre la designación del sucesor de Juan Manuel Maza como fiscal general del Estado. Hubiese sido lo lógico, máxime en el contexto político actual, con el problema catalán encima de la mesa de los partidos políticos y sujeto a decisiones judiciales en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional. Pero no ha sido así. El Fiscal General del Estado --un juez conservador-- seguirá siendo el Fiscal General del Gobierno. No solo no hubo consenso para nombrar al magistrado conservador Julián Sánchez Melgar (Palencia, 1955) sino que la oposición ni siquiera fue informada antes de filtrarse su designación. Casi siempre ha sido así, con gobiernos del PP y del PSOE, pero el hecho de que la historia se repita no debe confundirse con que sea algo que ennoblece la democracia española. A este paso, al nuevo cargo de Sánchez Melgar deberían cambiarle el nombre, ya que Fiscal General del Estado --¡del Estado!-- difícilmente puede serlo quien solo es avalado por un partido político que gobierna en minoría. El PSOE ha reaccionado de manera airada. «Es más de lo mismo, un fiscal conservador que nombra un Gobierno conservador», que responde «a los intereses del Gobierno», zanjó Adriana Lastra, portavoz socialista. Sin embargo, el PSOE pasó de puntillas sobre el hecho de que Julián Sánchez Melgar sea magistrado del Tribunal Supremo conocido por ser el impulsor de la llamada doctrina Parot, tumbada por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de haber sido avalada por el Tribunal Supremo y más tarde por el Tribunal Constitucional ante la mirada complaciente de PP, UPyD y UPN. No parece un asunto menor, con independencia de lo que piense cada uno del fondo de una medida que supuso la liberación de presos con delitos graves. Da la impresión de que Mariano Rajoy ya no se siente tan apremiado como estaba ante el desafío independentista y que, metidos prácticamente en campaña electoral, le preocupa menos el apoyo del PSOE, que había cerrado filas con el Ejecutivo del PP con un pacto para la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir Cataluña. Tampoco parece una buena noticia, ya que si los dos grandes partidos españoles no van de la mano en los asuntos del Estado, éste terminará debilitándose. Basta ver lo que sucede con la financiación autonómica y el Cupo vasco para comprenderlo.