Un Embajador de España amigo mío piensa que estoy en deuda con el Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno no haber reconocido su «acertada aplicación del artículo 155 de la Constitución» y su gestión de la crisis provocada por parte de la clase política de la Comunidad autónoma de Cataluña, apoyada por parte de su población. No puedo complacerle porque tengo la convicción de que tanto la gestión de dichos gobernantes como su aplicación descafeinada, dubitativa, parcial y tardía del famoso artículo constituyen errores políticos graves que no contribuirán a resolver el conflicto y sí a agravarlo y, por tanto, a demorar su solución.
Muchos flabelíferos suelen celebrar el «manejo magistral de los tiempos» de Rajoy; ahora bien, en el caso que nos ocupa, ha consistido en abstenerse de actuar y, con ello, permitir que el Parlamento de una Comunidad autónoma llevara a cabo, semanas más tarde de proclamar su propósito en leyes ilegales, un proceso de desconexión del Estado. Pienso que jalear este comportamiento equivale a alabar el del policía que contempla impasible un intento de asesinato y se limita a intervenir cuando el asesino se ha asegurado de haber rematado a la víctima.
Un Gobierno de Comunidad autónoma que propone la separación de su territorio del Estado del que forma parte (y de cuya legislación deriva su legitimidad) debe ser cesado e intervenido sin esperar a que consume su felonía. Hubiera podido evitarse por otros medios menos drásticos: el Gobierno de la Comunidad autónoma de Cataluña ha venido incumpliendo reiteradamente las normas de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera (LO 2/2012, de 27 de abril) sin que el Gobierno del señor Rajoy se haya molestado en obligarle a cumplirlas, pese a que el artículo 26 de dicha norma le faculta, si no le obliga su redacción imperativa, a hacerlo «de conformidad con el artículo 155 de la Constitución» y en caso contrario, «con la aprobación por mayoría absoluta del Senado”, a adoptar “las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma a su ejecución forzosa». Si el Gobierno del señor Rajoy hubiera aplicado esa norma se hubiera ahorrado y hubiera ahorrado al pueblo español muchos sinsabores y, aún así, esa dejación de funciones cuasi delictiva a muchos alabanceros en nómina se les antoja nada menos que un «manejo magistral de los tiempos».
En cuanto a los resultados de la dilatada gestión del problema catalán por parte de la Vicepresidenta del Gobierno y responsable del CNI (conviene no olvidarlo), están a la vista y resultan patéticos; en cualquier país normal se hubiera visto obligada a dimitir, pero en el nuestro se le pone al frente del Gobierno de reemplazo de la Comunidad autónoma tal vez por aquello de que «Spain is different» o porque así le ahorra a su jefe la molestia de tener que asumir responsabilidades a las que es alérgico.
Por lo que respecta a la aplicación extemporánea, torticera y timorata del artículo 155 de la Constitución, su pecado original ha consistido en acompañarla -por sorpresa y sin debate alguno en el Senado- de una convocatoria de elecciones autonómicas en el plazo de tiempo más breve posible: me parece un error garrafal que espero que el tiempo confirme cualquiera que sea su resultado.
Por todo lo anterior, no puedo complacer a mi buen amigo y compañero y sentirme en deuda con el Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno. Antes al contrario, pienso que quienes están en deuda con el pueblo al que desgobiernan y con la Historia son ellos, aunque mucho me temo que sólo la saldarán si se les obliga a ello por la vía de los hechos y, en concreto, mediante la puesta en marcha del artículo 8 de nuestra Constitución que encomienda a las Fuerzas Armadas «garantizar la soberanía independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». A estas alturas es nuestra última esperanza, porque nunca desde 1808 han estado los representantes de la clase política tan alejados del sentir popular y tan insensibles a las admoniciones inequívocas y reiteradas del Jefe del Estado, S.M. El Rey.
1 comentario
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Evidentemente el dejar las cosas llegar hasta este punto (y sigue, los antisistema cortan las autopistas el día de la huelga) no hace sino incumplir la ley y perjudicar gravemente a España y a Cataluña. Pero no viene de ahora...es una línea continua de concesiones a estos inventos nacionalistas (4.000 millones al País Vasco, la última), que pagamos todos. Línea continua y ascendente. desde la misma Constitución, que los sobreponderó. No es (solo) cobardía, dejadez, o incompetencia. Es que no interesa reprimir los nacionalismos ni defender al ciudadano. Cuando quieren son rapidísimos.