El rescate de Cataluña

Sin embargo, el bloque independentista sigue utilizando el 1-O como fuente de legitimidad de una república independiente de Cataluña. Como es muy difícil ponerlo en practica, Puigdemont sigue utilizando también el recurso al diálogo como pretexto para mantener vivo un absurdo plan de ruptura con España.

En esa excusa se instala para justificar una eventual proclamación de independencia en sede parlamentaria. Absurdo el plan y absurda la excusa, cuando todo el mundo sabe que el diálogo propuesto por los independentistas no es otro que el de negociar el cómo y el cuándo de la independencia pues, según ellos, el resultado del 1-O es palabra de Dios.

«Nos hemos ganado el derecho a ser independientes» es su mantra. A partir de ahí reclaman una mediación internacional que sugiera al Gobierno central el modo de aplicar ese supuesto derecho.

Así que lo que hizo Puigdemont el 10-O en el Parlament fue anunciar que Cataluña ya estaba en condiciones de declarar la independencia aunque la dejaba en suspenso a fin de dar tiempo a Rajoy para decidirse a colaborar con la Generalitat en la voladura del Estado, mientras los independentistas jugarían la carta de la presión internacional sobre un Gobierno que responde con la violencia al civilizado deseo popular de expresarse en las urnas, según el tramposo relato soberanista.

Por eso en aquel momento unos interpretaron el tiempo muerto de Puigdemont como un respiro, cuando en realidad era una forma de prolongar la pesadilla. Y ahora el Estado tiene la obligación de defenderse. Es lo que va a hacer, mediante la activación del recurso constitucional previsto si gobierno de una Comunidad Autónoma atenta gravemente contra los intereses generales. Está recogido en el famoso articulo 155 de la Constitución. Lo activará el Gobierno en su reunión extraordinaria de este sábado.

Estamos a la espera de saber cuales son esas medidas concretas y tasadas en tiempo y en contenidos. Se trata de gestionar los órganos autonómicos cuyo ejercicio competencial ha desbordado el marco de la Constitución y se ha instalado en la ilegalidad. La policial es una de esas competencias, no estatutaria sino por delegación del Estado.

O sea, el control de los Mossos de Escuadra, que pasará a depender temporalmente del Ministerio del Interior. Y otra, propia del presidente de la Generalitat, es la convocatoria de elecciones, que pasaría a ser ejercida por el Gobierno de la Nación.

Creo que van a ser las dos medidas más importantes que harían visible el rescate de Cataluña, antes de que Puigdemont la convierta en un erial.