El último pleno del Parlament fue noticia, sobre todo, porque el PP perdió la única votación de la legislatura (éxtasis progresista) aunque en realidad tampoco perdió la votación.
Lo que ocurrió, para ser precisos, es que la ley que pretendía modificar, la que rebajaba el número de diputados, necesitaba dos terceras partes del Parlament y los populares «solo» tienen 34 escaños, que podrían ser 35 si el tránsfuga Antoni Pastor no llega a abandonar el grupo parlamentario.
Pero bueno, la propuesta sobre el recorte de diputados tenía poco recorrido y al PP le servirá para decir que la izquierda le gusta el despilfarro y no acepta eliminar gastos superfluos. Al margen de esta polémica, esperaba un avance en relación a sueldos e incompatibilidades sobre los diputados, un mínimo gesto. Es oportuno que sepan que un alto cargo del Govern no puede ejercer ninguna otra actividad profesional (y me parece bien) y que en muchos casos tienen unas retribuciones inferiores a las de cualquier diputado.
En cambio, un parlamentario raso recibe un sueldo de algo más de 3.000 euros netos al mes, con inactividad en el Parlament en enero, julio, agosto y la mitad de septiembre. Además de este jugoso salario, no tienen ninguna traba para tener despacho abierto y seguir facturando por otra actividad profesional.
Algunos diputados se llenan la boca sobre la insolidaridad, denuncian que los ciudadanos no llegan a fin de mes, mientras ellos pueden cobrar 3.000 euros al mes y duplicar o incluso triplicar este sueldo con otras actividades. Por supuesto, para frenar esta vergüenza no se ha avanzado ni un ápice.
Ni tampoco para regular las incompatibilidades para los diputados. Total, qué más da, si dentro de unos días los ciudadanos se olvidarán de todo. Qué siga la fiesta.
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