La entrada de Pilar Costa en el Govern de Francesc Antich supone o debe suponer un importante punto de inflexión del peso específico de las Pitiüses en el seno de un Ejecutivo que, pese a lo pretendido, está siendo extremadamente rácano en proyectos de calado en estas islas. Fundamentalmente, las expectativas que la nueva consellera d'Innovació, Interior i Justícia suscita en Eivissa y Formentera son no tanto por ser titular de estos ámbitos tan extraños entre sí como por el no escrito de asumir el papel de 'delegada' de las Pitiüses en el gobierno regional, islas que mantienen un debate hasta ahora simplemente dialéctico con el Ejecutivo regional por una financiación adecuada de los consells, las instituciones que, en realidad, son el referente de las vidas política y ciudadana, entes que han reclamado vehementemente una mejora de la financiación que consideran que se les niega desde Palma. Desde las Pitiüses se ve como paradójico que desde Palma, y con razón, se denuncie un trato de discriminación desde el Gobierno de España, pero se siga esquivando el debate sobre el diferente trato que recibe cada isla, lo cual es un sinsentido a analizar que esconde un profundo problema de diseño administrativo a todos los niveles. Pilar Costa tiene que asumir ahora ese doble papel -como se ve intrínsecamente paradójico- y debe hacerlo con lealtad a los dos ámbitos, un reto difícil pero inevitable. No puede fallar a Antich o saldría de su equipo de gobierno, pero tampoco a las Pitiüses porque son estas islas a las que debe su existencia política. Así, tendrá que bregar con enorme cuidado en un ejecutivo heterogéneo en el que, desgraciadamente, se ha llegado a una situación de territorialización tan absurda como preocupante. Ese es su nuevo terreno de juego.