La imposición de una sanción de 40.000 euros a un local de ses Variades anunciada ayer por el Ayuntamiento de Sant Antoni supone un nuevo ejemplo de que la isla amontona también una enorme cantidad de casos de vulneración de las ordenanzas de ruidos y convivencia ciudadana contra los que hay que hacer algo. Eivissa es mundialmente conocida por ser un enclave turístico joven que acoge a algunas de las mejores discotecas del mundo y establecimientos punteros del ámbito de la restauración capaces de atraer año tras año a personalidades, magnates, estrellas del espectáculo y el deporte, además de a otros cientos de miles de personas de todo tipo y condición que también reconocen la posibilidad de la calma y la paz en muchos de sus rincones. Es una combinación fantástica, pero frágil, difícil de mantener en armonía, y que sólo un conocimiento milimétrico de la normativa, una sabia administración y la buena predisposición de todos los implicados puede hacer que se mantenga. Evidentemente no es fácil. La ganancia económica del exceso es sobradamente conocida, pero siempre hay posibilidades de acotarla, y es con una aplicación sistemática y acompasada por todos los agentes sociales (cuerpos policiales, instituciones, colectivos sociales y empresariales) cuando se pueden conseguir cosas. Las reglas del juego, en una sociedad como la nuestra, no siempre son claras y los intereses se solapan, pero existe un consenso implícito de que el beneficio de uno no debe ser a costa del perjuicio de otro, y menos, además, si hay una evidente descompensación de fuerzas. Y son todas las instituciones quienes deben actuar a la vez y en la misma dirección, para que el exceso, una vez más, no nos salga demasiado caro.