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Los cinco detenidos por la llamada 'operación Espada', que investiga las presuntas irregularidades en la construcción del velódromo Palma Arena durante la pasada legislatura, han salido en libertad bajo fianza después de una maratoriana jornada en la que el juez instructor del caso, José Castro, les tomó declaración tras agotar el plazo de detención en las dependencias policiales. No fue hasta bien entrada la madrugada del domingo cuando el portavoz del Grupo Popular en Cort, Rafael Durán; el ex director general de Deportes en la pasada legislatura, Pepote Ballester; el gerente de las instalaciones, Jorge Moisés; el publicista Miguel Romero; y el director de la UTE que ejecutó las obras, Miguel Àngel Rodríguez, cuando pudieron regresar a sus casas. Antes debieron depositar fianzas de entre 50.000 y 15.000 euros para recuperar su libertad.

Aunque hace aproximadamente un año que la Fiscalía investiga el origen y destino de los desproporcionados sobrecostes generados por la construcción del Palma Arena, los testimonios aportados por los detenidos se supone que tienen que dar luz sobre lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales que se deriven. La cuantía de las fianzas es un indicio que permite adivinar el grado de implicación de cada uno de los integrantes de la trama. Por esta razón no puede pasar desapercibida la cuantía simbólica de la fianza impuesta a algunos de los implicados, como es el caso de Durán; circunstancia que contrasta con la severidad con la que se le han aplicado las medidas judiciales preventivas.

En todos los casos de presunta corrupción jueces y fiscales tiene el deber de llegar hasta el fondo del asunto, sin excepciones. Ésta es una demanda de la sociedad balear que es irrenunciable. El necesario proceso previo al dictado de las sentencias debería incluir todas las garantías de que no se está ocasionando un perjuicio superior al estrictamente necesario.