Efecto 'boomerang' en el caso ses Torres

Desde la vista del caso ses Torres parecía claro que la sentencia iba a ser absolutoria para el ex alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, el ex primer teniente de alcalde, Vicent Riera, el aparejador municipal Vicent Marí y el ex asesor jurídico José María Roig Vich, que eran los que habían quedado tras la instrucción como los presuntos responsables de permitir la urbanización de esta zona entre Talamanca y Jesús. Primero, porque pese a las consideraciones jurídicas de que el Plan de Desarrollo del Suelo Urbano (PDSU) (algo así como una normativa de 'segundo nivel' por debajo de planes generales o normas subsidiarias) sobre el que se hicieron efectivos los derechos urbanizatorios lo daban como nulo no había, efectivamente, ningún acto jurídico que lo desactivara como tal. Y segundo, por lo difícil de probar que era la existencia de un acuerdo entre los responsables municipales y el promotor que prefijara una resolución injusta y arbitraria, base, como recoge la sentencia, del delito de prevaricación urbanística. Sin embargo, sí que resulta cuando menos impactante la valoración de la actuación de Esquerra Unida (EU) que se da en la resolución judicial, que habla de «mala fe» y «temeridad», porque en el futuro puede significar una merma del papel de las oposiciones políticas. Dejando a un lado el hecho de que, con la sentencia en la mano, los diez años de procedimiento judicial han puesto a los acusados en un lugar de sospecha pública que no merecían, tampoco debería ser recriminable que un partido político, en la sospecha de una ilegalidad, ponga su empeño en el esclarecimiento de un caso que ven de interés público. El PP, por supuesto, tiene ahora todos los argumentos para arremeter contra una situación que les ha perjudicado enormemente, pero EU no merece el linchamiento que antes se trataba de evitar a los inculpados ahora resarcidos públicamente, pero sí debe responder con honor por los daños causados.