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a Fiscalía ha presentado su escrito de solicitud del traslado del 'caso Scala' al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) por considerar la existencia de indicios probatorios de incriminación del ex conseller de Comerç i Indústria durante la pasada legislatura y actual diputado autonómico del Partido Popular Josep Juan Cardona, el cual "según los fiscales" organizó supuestamente junto a la ex gerente del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), Antònia Ordinas, y el ex director general de Promoció Industrial, Kurt Viaene, una red de empresas destinada a cobrar, al parecer, importantes cantidades de dinero procedente de las arcas públicas a través de comisiones.

A la vista del detallado relato que hace la Fiscalía de las distintas operaciones realizadas, empresas 'pantalla', trabajos inexistentes, contrataciones fraudulentas, sobreprecios, comisiones..., parece evidente que la gestión del CDEIB queda muy lejos del mínimo celo exigible a cualquier responsable político de un departamento de la Administración. De todo ello no cabe duda de que la responsabilidad más directa la debe asumir Josep Juan Cardona, conseller de Comerç i Indústria en el momento de los hechos que se investigan. Sin embargo, conviene tener presente que la incriminación de Cardona que hacen los fiscales se fundamenta, en buena medida, en la declaración de Antònia Ordinas. Ella es la que detalla la confusa creación de empresas o el reparto de las comisiones sobre las que luego se pierde la pista.

Es imprescindible llegar al fondo de todo este turbio asunto, aclarando hasta el último euro defraudado a los contribuyentes y exigiendo las responsabilidades jurídicas que se deriven. Esta tarea es probable que les corresponda a los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB.