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La imputación del titular de la Conselleria de Turisme y presidente de Unió Mallorquina, además de concejal en el Ajuntament de Palma, Miquel Nadal, por el 'caso Can Domenge' ha tensado, todavía más, la vida política balear. La decisiva presencia institucional del dirigente nacionalista aumenta la trascendencia de la decisión adoptada por la juez que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación del proyecto de construcción de viviendas en los terrenos de Can Domenge, propiedad del Consell de Mallorca, en la pasada legislatura, cuando Nadal era el vicepresidente y responsable de la firma del pliego de condiciones del concurso. Una de las empresas concursantes que no logró ser la adjudicataria, Núñez y Navarro, es la responsable de la querella.

Miquel Nadal se ha ofrecido a dimitir de todos sus cargos, actitud que ha sido rechazada por el president del Govern, Francesc Antich, y por sus compañeros de partido de la ejecutiva de Unió Mallorquina. Nadie quiere ni desea una nueva crisis política.

La totalidad de los dirigentes políticos con representación en el Parlament han coincidido en reclamar, como mínimo, prudencia antes de exigir responsabilidades a Miquel Nadal, que ha sido llamado a declarar el próximo día 30 de marzo. Un total de tres supuestos delitos justifican la imputación del conseller, pero el sentido común invita a analizar con cautela las eventuales salidas políticas de esta situación puesto que se desconocen, hasta el momento, las razones últimas por las que la juez ha optado por llamar a Miquel Nadal arropado con las máximas garantías jurídicas -como imputado-, aunque ello signifique tener que asumir un importante coste político.