El cruce de anuncios de querellas y acusaciones que se ha venido anunciando en los últimos días entre implicados, abogados e, incluso, el propio juez del caso Eivissa Centre se está convirtiendo en un espectáculo mediático de muy feo color y consecuencias hoy por hoy impredecibles. Esta situación, sin duda, aleja el caso del lugar en el que debe estar, que es en la clarificación de si lo recogido en las grabaciones de Roque López responde a un caso de corrupción por comisiones, como sostienen los denunciantes, o supone un popurrí de declaraciones inconexas sobre supuestos no reales, como asegura la defensa de los denunciados. El hecho de que a estas alturas de la instrucción se anuncien demandas entre unos y otros supone un embarullamiento que la Justicia tendrá muy complicado desenmarañar para proseguir con la investigación si de todos estos problemas, lo que no sería extraño, derivan recusaciones, causas paralelas o convergentes. Es una de las peores noticias posibles para la resolución de un caso difícil desde el principio por la trascendencia de los implicados, la gravedad de las acusaciones y el clima político no sólo local, sino general, pero que, al menos, había discurrido dentro de los cauces del respeto y la mesura. No era factible, de todas maneras, una rápida conclusión dada la complejidad de la investigación, que el propio magistrado reconoce lúcidamente en alguna de sus resoluciones, pero tampoco se esperaba semejante deflagración. No sólo no se están eliminando sospechas, sino que se añaden otras nuevas en la frontera de lo moral y lo jurídico, ese gris espacio en el que nada puede ser descartado ni admitido sin holguras. En medio de este caos la justicia se hace, si cabe, un poco más difícil.