El ex asesor jurídico del Ibatur, Miquel Àngel Bonet, reconoció ayer ante el juez la malversación de caudales públicos por un importe de 85.000 euros tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción de su actuación en el seno de este organismo, dependiente de la Conselleria de Turisme, durante la pasada legislatura. Bonet, de momento, deberá presentar una fianza por el importe de las cantidades presuntamente malversadas para eludir su ingreso en prisión y quedar en libertad con cargos.
El 'caso Ibatur', con Bonet al frente, se añade a los numerosos asuntos de corrupción política detectados en Baleares que se encuentran en trámite judicial y con implicados pertenecientes a distintas formaciones políticas. En esta penosa relación resulta evidente que la inmensa mayoría de los asuntos tienen como protagonistas a destacados dirigentes del Partido Popular en el Govern que presidió Jaume Matas.
En este clima de combate contra la corrupción se ha abierto un nuevo frente con la denuncia formulada por el Govern, mediante un escrito de la Conselleria de Mobilitat, ante la Fiscalía para que se investigue la ejecución del proyecto del metro en Palma, una obra que adoleció de numerosísimas y graves deficiencias. En concreto se quiere aclarar la justificación de una partida de 2'5 millones de euros.
No debe quedar ni un solo resquicio para la corrupción en la política, una labor en el que el papel de la justicia es fundamental para acabar con esta auténtica lacra -demasiado extendida a la vista de lo que se conoce- que supone una seria amenaza contra la credibilidad del sistema democrático y sus instituciones.
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