18/12/08 0:00
TW0

Serán los jueces los que, al final, determinen las responsabilidades civiles y penales derivadas del derrumbe de un pabellón del hotel Son Moll de Cala Rajada el pasado martes, siniestro en el que murieron cuatro trabajadores. Hasta el momento han sido detenidos el arquitecto, el aparejador y el encargado de las obras además de otros imputados. Los datos son, por el momento, escasos y confusos, basados en las informaciones facilitadas por el Ajuntament de Capdepera cuyo alcalde, Bartomeu Alzina, confirmó la ausencia de la preceptiva licencia municipal para acometer los trabajos que, conviene tenerlo muy presente, implicaban la rehabilitación integral del edificio y ocupaban a decenas de operarios.

Llama la atención que el Ajuntament de Capdepera reiterara, hasta en tres ocasiones, la ilegalidad de la obras en el hotel y, sin embargo, no procediera a su precinto. Es sabido que las licencias, un permiso administrativo al fin y a la postre, no son una garantía frente a la fatalidad, pero no cabe duda de que las cosas no se estaban haciendo bien en el edificio; cuestión de la que deben responder los técnicos y las empresas contratadas. La negligencia planea sobre todo este asunto.

Tras el derrumbe del hotel Son Moll y a medida que se disipa el polvo comienza a aflorar la realidad de una práctica demasiado común en estos tiempos de crisis en los que se trabaja sin permisos y relegando la seguridad a un plano irrelevante, las prisas justifican realizar inversiones al margen de la legalidad, aunque ello implique poner en peligro la vida de los trabajadores. Por desgracia, la cuatro muertes volverán a ser un aldabonazo a las conciencias públicas y privadas hasta que, dentro de unos meses, todo quede en el olvido y nuevas muertes evoquen tanta insensatez.