El temporal de nieve y lluvia que ha azotado Balears, y principalmente Mallorca, durante los últimos días, con registros de precipitación desconocidos en casi tres décadas, ha arrojado un trágico saldo de cuatro obreros fallecidos por el derrumbe de un edificio en obras, el hotel Son Moll, cuya licencia municipal había sido denegada en tres ocasiones por el Ajuntament de Capdepera.
No se trata, pues, en este caso, de unos trabajos realizados con una licencia en tramitación. Decenas de trabajadores operaban en la remodelación del establecimiento de un modo totalmente ilegal, circunstancia de la que acabarán derivándose, con toda probabilidad, responsabilidades civiles y penales de la propiedad, las empresas y los técnicos que han participado en las mismas. También queda por dilucidar el papel del Ajuntament, que a pesar de los reiterados avisos y la envergadura de las mismas no procedió al precinto de las obras. Está claro que el fatídico derrumbe no era previsible, pero es indudable que en este terrible accidente ha habido una negligencia de la que se tendrá que responder. De producirse unos minutos antes o después habría provocado que la cifra de víctimas se contabilizasen por decenas.
La trágica gravedad de lo ocurrido obliga a la Administración a tomar las medidas necesarias para paliar las consecuencias de estas cuatro muertes y, por supuesto, averiguar cómo se ha podido llegar a esta situación en la que decenas de personas puedan estar trabajando en la rehabilitación de un inmueble sin contar con la necesaria licencia de obras. Sería un error quedarse en la lógica lamentación del accidente, los responsables políticos deben ser capaces de arbitrar medidas para que no vuelva a suceder un drama de estas características.
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