El presidente del Consell d'Eivissa y diputado socialista en el Parlament, Xico Tarrés, ha sido llamado a declarar como imputado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa que instruye el llamado 'caso Eivissa Centre', el supuesto pago de comisiones al PSOE y PP a cambio de obras en la ambiciosa, multimillonaria y necesaria reordenación urbanística del centro de la ciudad. Un nuevo golpe a la credibilidad de la clase política balear que acumula hasta ocho de sus integrantes de diferentes formaciones encausados en distintos procesos judiciales, todos ellos con la corrupción como denominador común.
La imputación de Tarrés adquiere una especial dimensión por el cargo que ocupa, presidente del Consell d'Eivissa, y por su condición de diputado en el Parlament inscrito en el grupo que apoya al Govern. Esta situación deja en una posición muy incómoda al president Antich y a sus socios del Bloc, ambos han pedido la dimisión de Bartomeu Vicens, de Unió Mallorquina, por su involucración en el 'caso Son Oms'. Por una cuestión de simple coherencia resultaría exigible una actitud similar en todos los casos sea cual sea la filiación política de los implicados.
Apelar a la presunción de inocencia no es un tópico, pero tampoco debe serlo la necesidad de limpiar la imagen que destilan los políticos en Balears, con toda seguridad injusta en la inmensa mayoría pero no menos real. Tarrés, Cardona, Font, Soler, Mulet, Prats, Vicens y Flaquer son los políticos imputados que se sientan en el Parlament o en los consells de Mallorca y Eivissa, todos ellos por motivos diferentes y, probablemente, con un grado de implicación y responsabilidad en las ilegalidades que se investigan que deberán determinar los jueces. Mientras, los ciudadanos, asisten atónitos a este interminable y vergonzoso desfile judicial.
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