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El auto de la Audiencia Nacional dictado por el juez Baltasar Garzón, en el que admite su competencia respecto a las denuncias formuladas por diversas asociaciones agrupadas en torno a la recuperación de la Memoria Histórica, ha desatado una nueva polémica con el trasfondo de la Guerra Civil española por cuanto considera que los máximos responsables de la sublevación contra la República el 18 de julio de 1936 cometieron "mediante los fusilamientos y detenciones ilegales" crímenes contra la humanidad. Garzón, en contra de la opinión del fiscal, considera que la Ley de Amnistía de 1977 no alcanza los delitos de estas características, los cuales, además, son imprescriptibles.

Aunque en su exposición el auto de Garzón lo niega, lo cierto es que toda su argumentación trata de justificar un juicio a la Guerra Civil y el posterior régimen dictatorial del general Franco, ambos hechos condenables, pero esta tarea no le corresponde al juez sino a la Historia. En el plano político, la sociedad española ya ha emitido su veredicto desde que se reinstauró la democracia, protagonizando una ejemplar Transición en la que se acordó restañar las heridas del pasado. ¿Qué ha pretendido, entonces, Garzón con su auto? No son pocos los que ven una maniobra más del juez de la Audiencia Nacional para erigirse en protagonista de un procedimiento con una enorme repercusión mediática.

Con independencia del final jurídico de las denuncias de las asociaciones de la Memoria Histórica, lo cierto es que ellas sí tienen el derecho a recuperar los restos de sus familiares fusilados y abandonados en las fosas comunes. Es en este punto donde el Estado debe comprometerse al rescate de 114.266 personas asesinadas durante la Guerra y el franquismo, de las que 1.777 lo fueron en Balears.