El presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, ha adelantado el contenido de la sentencia que declara ilegal Acción Nacionalista Vasca (ANV) y ordena su inmediata disolución. El fallo ha sido acogido con satisfacción tanto por parte del Gobierno como del primer partido de la oposición, el Partido Popular, así como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Resulta curiosa la coincidencia de interpretaciones que dan los representantes de la propia ANV y del Gobierno vasco a la conclusión final de los jueces del Supremo en el sentido de atribuirles una decisión política y no jurídica con la ilegalización de la formación abertzale.
A pesar de que todavía no se conoce el contenido íntegro de la sentencia, resulta obvio que la ilegalización de ANV a que insta el Tribunal Supremo se basa en la confirmación de que Acción Nacionalista Vasca es una pantalla de la organización terrorista ETA, como antes lo han sido Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, entre otras, y como tampoco resulta aventurado suponer que lo es el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), cuya ilegalización todavía está pendiente de una sentencia del Supremo.
La cuestión que plantea la nueva situación es determinar si la sociedad vasca es capaz de alumbrar una formación política independentista -es indudable que es una opción que cuenta con el apoyo de una parte del electorado- al margen de ETA, con un cuerpo ideológico propio y sin el sometimiento a la voluntad de una banda de asesinos. El independentismo es una opción que se encuentra dentro de los márgenes de la Constitución y sería un error satanizarlo; diferente es que, como viene sucediendo hasta ahora, siempre se aglutine en partidos políticos que se ponen a la sombra de las pistolas. Así no.
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