La vicepresidenta del Gobierno aseguraba, apenas unas horas antes de la puesta en libertad del etarra De Juana Chaos, que el Gobierno no permitirá «ni la más mínima ofensa a ninguna víctima del terrorismo». Habría que saber qué calificación encuentra María Teresa Fernández de la Vega para el simple hecho de que este asesino, que cuenta en su haber con veinticinco asesinatos, se reintegre en la sociedad como si nada, en el mismo entorno en el que viven los familiares de sus víctimas.
Ha pasado 18 años en la cárcel, es cierto, pero se le había condenado a tres mil. No tiene el Gobierno la responsabilidad de que la Justicia española funcione así. Es algo que viene de lejos y que sólo ahora se ha modificado.
El etarra De Juana se ha aprovechado de unas ventajas penitenciarias que la Justicia y el sistema han puesto a su alcance. Eso, desde luego, no es un crimen. Pero sí es increíble e injustificable que a un criminal que ha matado a 25 personas se le permita -con la ley en la mano- disfrutar de unas reducciones de condena que adelgacen una pena tan enorme como tres mil años hasta unos ridículos 18.
Es un inmenso error por aplicación de una legislación que estaba vigente cuando fue condenado. Si De Juana fuese juzgado hoy se le aplicaría la nueva normativa penal, mucho más severa, que evitará que en el futuro puedan repetirse casos tan escandalosos. Pero no se puede pretender que la ley tenga carácter retroactivo. Por duro que pueda parecer, este sanguinario etarra sale de la prisión sin ninguna cuenta legal pendiente. Lo que indigna es por qué los gobiernos anteriores, hace veinte o más años, no modificaron las leyes. Ahora para De Juana es tarde. Lamentablemente. Lo que se puede y debe esperar es que, al menos, indemnice a todas sus víctimas. Y que la Justicia llegue hasta el final para evitar que pueda declararse insolvente.
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