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La inflación en España está desbocada. Así lo refleja el último dato del Indice de Precios al Consumo (IPC), que refleja un incremento del 0'6 por ciento en el pasado mes de junio y un acumulado interanual del 5 por ciento. El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, atribuye el alza a la subida de los carburantes y, en menor medida, a los efectos de la pasada huelga de transportistas. Podemos conocer las causas, pero nada se sabe de las medidas que se van a aplicar para paliar esta grave situación; todo se somete a un devenir incierto e irresponsable.

Solbes admite que España poco o nada puede hacer en materia de política económica, aunque -conviene tenerlo muy presente- es el país con los peores indicadores de la eurozona. Sin embargo, los sindicatos ya plantean, y con razón, la conveniencia de incluir cláusulas de revisión salarial ante la indudable escalada de la inflación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo que genera entre los trabajadores. Los analistas coinciden en advertir de los peligros que supondría para España entrar en una espiral de inflación y destrucción de empleo, lejos todavía del negro escenario de la crisis que empezó en el 92. En una reciente ocasión ya nos referimos a la necesidad de que el Gobierno insufle confianza en la economía, todo lo contrario de lo que está sucediendo a la vista del comportamiento que está teniendo, en términos globales, el mercado.

Cada día resulta más caro llenar la cesta de la compra, el depósito de combustible y las familias, ahogadas por la subida de las hipotecas, ven cómo el sueldo ya no llega a final de mes. Ésta es la cruda realidad a la que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, atendiendo a las palabras de Pedro Solbes, sólo es capaz de recetar resignación.