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La decisión del juez Baltasar Garzón de permitir la presencia en las próximas elecciones de Acción Nacionalista Vasca (ANV), considerada por algunos como la 'marca blanca' de Batasuna, ha suscitado polémica y la previsible reacción enconada del Partido Popular (PP). En este punto conviene dejar claro que el magistrado no tenía otra alternativa, puesto que la formación vasca ha condenado la violencia y cumple la Ley de Partidos. Otra cosa es el análisis pormenorizado de cada lista en concreto para tamizar la posible presencia de integrantes de la formación ilegalizada o de la posible influencia de la banda terrorista ETA en la confección de alguna de ellas.

En cualquier caso, es evidente que hay que permitir la presencia de la izquierda abertzale en una confrontación electoral, lo contrario iría contra la misma esencia de la democracia. Además, existe un importante sector de la población del País Vasco que se siente identificada con posiciones independentistas y que tiene todo el derecho a expresar su voluntad en las urnas.

Ahora bien, es lógico que el Estado se arme contra posibles vías de financiación de grupos terroristas. Por esa razón, básicamente, fue ilegalizada Batasuna, amén de otros motivos de orden estratégico en la lucha contra el terror, utilizando una Ley de Partidos que fue consensuada por las dos grandes fuerzas políticas del Estado: PP y PSOE.

Naturalmente, mientras exista la posibilidad de que ETA utilice, como ya hizo en Barajas, el terror como instrumento para conseguir sus objetivos, el Gobierno no puede ni debe bajar la guardia. Por eso es comprensible que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, hablara de que se aplicará el espíritu y la letra de la ley vigente.

Otra cosa, naturalmente, sería un escenario sin terrorismo, lo que permitiría derogar por innecesaria una norma que ha resultado enormemente útil en las peores épocas del terror, pero que ha sido muy criticada por los partidos nacionalistas.