Editorial

Abierto el debate sobre la eutanasia

16/03/07 0:00

Inmaculada Echeverría, enferma de distrofia muscular progresiva, fue desconectada el miércoles por la noche del respirador artificial que le mantenía con vida desde hace diez años en el hospital granadino de San Rafael, centro gestionado por por la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Su muerte ha sido polémica y también legal. De hecho contó con el apoyo del Comité autonómico de Ética y del Consejo Consultivo de Andalucía para que se llevara a cabo la desconexión del respirador, que le mantenía artificialmente con vida, alegando que se trataba de una retirada de tratamiento, un derecho recogido en la legislación vigente.

A pesar de ello, de nuevo se ha reavivado el debate sobre la eutanasia, anteponiendo en este caso la moral al derecho.

La Iglesia y distintas asociaciones hablan de suicidio asistido, mientras que la Junta de Andalucía e incluso la dirección del hospital de San Rafael afirman que el deseo de Inmaculada Echeverría es correcto y aceptable desde el punto de vista ético y jurídico.

A pesar de ello, la paciente tuvo que ser trasladada a un hospital público, llamado curiosamente San Juan de Dios, ante la prohibición expresada por la Curia general de la orden religiosa. Inmaculada Echeverría no pudo morir en el hospital que fue su casa durante diez años. La Iglesia no quería de ninguna manera que le fuera desconectado el respirador en el centro hospitalario de San Rafael, desvinculándose totalmente de una decisión legal que no comparte ni acepta.

Lo que está claro es que, al margen de la legalidad de esta actuación, la muerte de Inmaculada Echeverría pone de nuevo sobre la mesa un asunto complejo y difícil que despierta fuertes críticas y alabanzas. En este caso, la Administración ha cumplido la ley a rajatabla. Ha accedido a los deseos de una enferma que pedía una muerte digna tras tantos años de sufrimiento.