10/01/07 0:00
TW0

El comunicado remitido ayer por ETA al diario «Gara» en el que asume la autoría del brutal atentado de Barajas se esperaba en los círculos políticos. Lo que sorprende es que la banda terrorista asegure que sigue vigente el alto el fuego, aunque afirme que responderá a las «agresiones a Euskal Herria». Cabe preguntarse ante qué clase de alto el fuego nos encontramos cuando una de las partes se reserva el derecho de atentar si no le gusta lo que dice o lo que hace el Gobierno legítimo y democrático de un país.

ETA no sólo ha roto el proceso de paz volviendo a hacer uso de la violencia, sino que además lanza una amenaza al Gobierno y a los ciudadanos con nuevas acciones si el Ejecutivo no cumple unos presuntos compromisos que en La Moncloa niegan y que la banda se empecina en recordar siempre en los últimos comunicados.

Así las cosas, la situación política en materia antiterrorista atraviesa uno de sus peores momentos desde el año 2003 cuando existía un Pacto Antiterrorista que unía a los dos principales partidos estatales y una Ley de Partidos que sirvió para recortar las vías de financiación de la banda y reducir sus apoyos sociales. En la actualidad, ETA parece haberse fortalecido y seguir con sus mismas reivindicaciones de siempre, desde la amenaza, la violencia y la coacción.

La confusión es generalizada. Zapatero afirma que el proceso ha legado a «su punto final» y culpa, lógicamente, a ETA de la ruptura. Por su parte, los terroristas achacan la culpa al Ejecutivo del fracaso y afirman que sigue la tregua a pesar de haber asesinado a dos personas. El texto de la banda responde al lenguaje de siempre de los asesinos, un lenguaje que deja pocas dudas sobre la catadura moral de sus autores.

El Gobierno debe responder con firmeza y, en este sentido, son una buena noticia las detenciones de etarras en Francia. Otro asunto más complejo será recomponer la fractura social generada por las enconadas posturas de PSOE y PP en política antiterrorista.