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La decisión de Air Madrid de cancelar todos sus vuelos y cerrar la compañía, justificándola en la alarma social generada por el Ministerio de Fomento, ha conmocionado a la opinión pública en unas fechas tan especiales como las de Navidad. Los avisos dados por Aviación Civil para subsanar la avalancha de retrasos en sus vuelos no habían surtido efecto, de ahí la amenaza de suspensión de licencia de vuelo y las recomendaciones negativas a los pasajeros de Air Madrid por parte del Ministerio de Fomento. Todo ello ha provocado una situación que debería haberse evitado por los graves perjuicios que ha ocasionado a miles y miles de pasajeros. Ante los retrasos que acumulaba la compañía, síntoma evidente de que algo anormal sucedía, la Administración debería haber actuado antes y quizá con más prudencia. En vez de crear tal alarma se debería haber buscado una solución que no perjudicase a los pasajeros utilizando todos los medios de los que aún disponía Air Madrid.

La coyuntura adversa y la falta de colaboración con la que se ha encontrado Air Madrid en los últimos dos meses, así como la pérdida de imagen provocada por los comentarios de Fomento y Aviación Civil, es lo que motivó que la propiedad tomara una decisión drástica, nunca vista hasta ahora en la aviación civil comercial española: el cierre patronal, que pilló por sorpresa al Gobierno, pasajeros, agencias de viajes y, especialmente, a Aviación Civil, cuya actuación en las últimas semanas debe ser analizada en profundidad. Una resolución de tal calibre siempre obliga a una exigencia de responsabilidades y a afrontar las demandas de indemnizaciones que presentarán buena parte de los 120.000 pasajeros que se han quedado sin aerolínea para volver de sus países, la mayoría de ellos latinoamericanos. Difícil situación que tiene que ser resuelta de la mejor manera.

Air Madrid deberá responder por la decisión que ha tomado, pero también cabe preguntarse si el Ministerio de Fomento ha gestionado la crisis con la prudencia necesaria.