03/12/06 0:00
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Jaume Matas se ha enfrentado a la semana más difícil de su actual mandato. El alcalde de Andratx, militante de su partido, era detenido el lunes por supuestos delitos de corrupción urbanística y, junto a él, el director general d'Ordenació del Territori del Govern, además de un celador de obras municipal. Ha sido una semana que marcará, sin duda los escasos seis meses que quedan hasta las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Las previsiones políticas de todos los partidos han saltado por los aires y la corrupción urbanística se convertirá, presumiblemente, en la gran protagonista del debate electoral.

La contundente reacción de Jaume Matas el pasado lunes, al anunciar la inmediata separación del partido de Hidalgo y la destitución de Massot, se ha demostrado, con el tiempo, insuficiente. Matas no informó de la reunión previa mantenida tan sólo cuarenta horas antes con el alcalde de Andratx, quien le comunicó sus sospechas sobre un seguimiento policial, omisión que le puede pasar factura al hilo de las revelaciones que se han ido haciendo conforme avanza la investigación. Matas tenía el deber de informar de esa reunión para que ninguna sombra de sospecha se cerniera sobre la Presidència del Ejecutivo. Es cierto que lo hizo, días después, pero en una situación tan delicada debía haber sido más preciso.

Las consecuencias de lo que ha sucedido esta semana son imprevisibles, pero sí puede aventurarse que el PP sufrirá un desgaste político. Lo que sí puede adelantarse con certeza es la inminencia de una guerra de acusaciones entre PP y PSOE, que puede provocar un mayor desencanto entre los ciudadanos. En cualquier caso, si las actuaciones sirven para poner freno a cierta sensación de impunidad urbanística en las Islas, bienvenidas sean.