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Los ciudadanos de Balears esperaban desde hace tiempo que se llevase a cabo una operación como Voramar para destapar, de una vez por todas, la corrupción urbanística que han padecido las Islas desde hace tiempo. Por una cosa u otra, los posibles indicios, las informaciones y las suposiciones no han servido durante los últimos años para concretar y cerrar investigaciones en materia de corrupción urbanística, pero la «Operación Voramar» puede precipitar que salten más escándalos en municipios de Balears. Eso sería lo deseable. La sociedad balear no puede permitir que algunos políticos utilicen sus cargos en beneficio propio, que funcionarios municipales cometan irregularidades para enriquecerse, y que detrás haya una trama de arquitectos y promotores que se aprovechen de este abusivo desarrollo urbanístico que ha padecido Balears durante los últimos tiempos.

La política urbanística exige una mayor transparencia política y que sus gestores consigan convencer a los ciudadanos que son de fiar. Mientras tanto, y posiblemente por culpa de unos pocos, siempre existirán dudas sobre recalificaciones y las promociones urbanísticas que se hagan en el futuro. Se puede discutir si en algunas zonas es posible construir más o menos, de manera razonable, pero lo que no ofrece ningún tipo de discusión es que alcaldes sin escrúpulos, funcionarios corruptos, arquitectos y promotores sin mesura aprovechen el siempre ventajoso negocio inmobiliario para lucrarse.

Lo que ha ocurrido en Andratx se veía venir desde hace tiempo porque la atípica forma de actuar del alcalde era comentario habitual en el municipio. Por eso, ha sido una gran lástima que Matas y Rodríguez fuesen los únicos que no estuviesen al corriente.