Casi coincidiendo con la publicación de un informe que augura una crisis económica de proporción mundial en caso de no limitar la emisión de gases a la atmósfera presuntamente responsable del cambio climático, llega también un informe de la Comisión Europea que sitúa a España como el país de la Unión Europea que peor cumple al respecto los objetivos del Protocolo de Kioto. Según este último informe, en el año 2010 las emisiones de España de gases tóxicos estarán 36,6 puntos por encima del límite fijado en Kioto para los países de la Unión Europea. En realidad ello es algo que no debe sorprender a nadie, puesto que se trata de una situación acerca de la que se ha advertido suficientemente a nuestro país. Baste con decir que entre 1990 y el 2004, España incrementó en un 48% las emisiones, principalmente procedentes del transporte por carretera, la producción de electricidad, las calderas de calefacción y las industrias. Todo ello lleva a concluir que ni los anteriores gobiernos, ni el actual, se han tomado demasiado en serio una cuestión que cada vez más parece de gran importancia. Ni las políticas oficiales, ni las medidas adicionales previstas para los próximos años, van a resultar a juicio de los expertos muy eficaces. Soluciones las hay, y están previstas en Protocolo de Kioto. Por ejemplo, las compensaciones por inversiones en países extracomunitarios, o los planes de reforestación. Pero incluso llevando esas medidas a la práctica no se alcanzarían a corto plazo los resultados apetecidos, reconocidos los márgenes de incumplimiento que hemos alcanzado. Y al respecto hay que recordar que junto con la publicación del informe, la Unión Europea se ha encargado de recordar que los Estados que no respeten lo establecido en Kioto serán sancionados. Urge, pues, que desde la Administración española se adopten nuevas estrategias tendentes a contener las emisiones de gases, aunque sólo sea para que desde Bruselas se aprecie una buena voluntad hasta ahora inexistente.