La reclamación de la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria no es nueva y se repite como promesa electoral cada vez que se aproximan unos comicios. La decisión del Ajuntament de Palma de subvencionar parte del coste de los mismos vuelve a poner el asunto sobre la mesa. Otros Consistorios, como los de Calvià y Eivissa, subvencionan la totalidad de este importante gasto de las familias al inicio del curso. El Govern balear, por su parte, organismo competente en materia de Educación, afirmaba ayer que no aplicará la medida de la gratuidad en este curso.
En cualquier caso, lo que se produce mediante este sistema es una discriminación y un agravio comparativo según el municipio en el que resida el alumno. Así, las familias de cualquier otro municipio pagan más que las de Palma, Calvià o Eivissa sean cuales sean sus ingresos, sea cual sea el número de hijos, por el simple hecho de residir en un lugar cuyo Ajuntament no puede o no quiere hacer frente a este gasto.
Las iniciativas municipales en este sentido son plausibles, pero en este asunto el Ejecutivo autonómico debería haber actuado con mayor presteza poniendo en marcha una medida que la sociedad reclama desde hace años. Que hayan tenido que ser algunos ayuntamientos los que hayan optado por poner en marcha este asunto, sea por las razones que sea, deja a la Conselleria d'Educació en una situación difícil. Cómo se puede explicar que la institución competente -el Govern- no tiene dinero para acometer tal iniciativa, incluida en el programa electoral del PP y, en cambio, algunos ayuntamientos gobernados también por el PP, sí tienen dinero para hacerlo.
Es una cuestión grave por cuanto a partir de este curso se plentea una discriminación que afecta a miles de escolares y de familias de Balaers. Una discrininación injustificable.
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