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Una muestra significativa de la sociedad mallorquina se acercó ayer por sus propios medios hasta la playa de sa Marjal, de Son Servera, para vindicar el uso público de la costa. La protesta es relevante porque se trata de exigir el cumplimiento de un derecho que está reconocido y regulado por ley. El Gobierno español, sin embargo, no sólo es incapaz de hacer cumplir la Ley de Costas que lleva casi 30 años en vigor sino que, además, burla su espíritu al iniciar la «privatización» de aquello que simplemente administra. Porque la costa de Mallorca, como del resto del Estado, no es del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ni del Ministerio de la señora Narbona, sino que es un bien de todos los ciudadanos.

Éste era el objetivo de la manifestación de ayer. Pero el Partido Popular, a través de sus juventudes, se sumó a una «contramanifestación» convocada para defender la «libertad de expresión» de Pedro J. Ramírez, un derecho que nadie ha discutido, por cierto. La movilización del PP fue general. Ayer llegaron a Mallorca contingentes de toda España, según los propios organizadores. Ramírez, en su calidad de «gestor de piscinas», recibió así el cálido apoyo de la derecha española por ser el primer beneficiario de una concesión que abre las puertas a la privatización del litoral.

El PP y sus jóvenes han confundido las cosas. Nadie ha restringido los derechos de Ramírez, sino que se critican sus privilegios. Suya es su dignidad al aferrarse a una pileta pública, pero no el litoral.

De otro lado, resulta chocante que una demostración popular sea contestada en lugar, día y hora por otra que pretende desvirtuarla, y que la Delegación del Gobierno la autorice. Afortunadamente para Ramon Socias, no se registraron incidentes.