La propuesta que han presentado en el Congreso PSOE e IU para permitir que los inmigrantes extracomunitarios que residen legalmente en España puedan votar en las próximas elecciones municipales puede propiciar una de las reformas electorales de mayor calado de las que se han realizado en España en los últimos años. Si para que los ciudadanos de la Unión Europea pudieran elegir y ser elegidos se hizo necesaria una reforma de la Constitución, no parece que en esta propuesta que cuenta con el respaldo del Gobierno se vaya por el mismo camino. PSOE e IU han pedido al Ejecutivo de Zapatero que favorezca el voto sin que ello signifique una reforma constitucional y es muy probable que el Consejo de Estado tenga algo que decir al respecto.
Pero más allá de las disquisiciones jurídicas sobre el tema, la esencia de la reforma se encuentra en el fondo del asunto; esto es, que ciudadanos que viven, trabajan y pagan sus impuestos en España puedan participar en la elección de sus alcaldes y concejales. A igualdad de obligaciones, igualdad de derechos y eso es lo que pretende el Ejecutivo de Zapatero.
La reforma puede tener consecuencias importantes en comunidades como Balears, donde el peso de la inmigración es cada vez más importante. Aunque los partidos de las Islas han apoyado sin fisuras la iniciativa gubernamental, alguna de las observaciones planteadas no deja de tener sentido. Una de ellas es pedir un mínimo de residencia para poder ejercer el derecho al voto. Con ello se evitaría la posibilidad de empadronamientos fraudulentos, encaminados a poner y quitar mayorías en aquellos municipios donde la inmigración tiene un peso muy importante con respecto a la población total.
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