España es el tercer productor de vino en Europa, con 43 millones de hectólitros anuales, lo que equivale a un 23,2% del total. Es, pues, lógico que cualquier cambio o nueva disposición en la normativa comunitaria que afecta al mercado del vino encuentre aquí un considerable eco. Ha ocurrido ahora al proponer la Comisión Europea a los 25 Estados de la Unión Europea una reforma radical del sector del vino, con el arranque de 400.000 hectáreas de viñedos poco rentables.
Se persigue así acabar con la producción de vino de baja calidad que en el fondo supone un gasto excesivo en unas ayudas que bien podrían destinarse a fines más interesantes dentro del sector vinícola, e indirectamente frenar las crecientes importaciones de vino extracomunitario.
La propuesta de Bruselas afectará especialmente a los vinos de Castilla-La Mancha y Andalucía, desde donde están llegando las reacciones más airadas.
Juzgan algunos que la solución no consiste en arrancar viñedos sino en aumentar la calidad y vender mejor, mientras que otros piensan que lo recomendable es fomentar el consumo, que opiniones las hay para todos los gustos.
Por encima de ello, está bastante claro que en este asunto el perjudicado va a ser el pequeño productor que deberá consolarse con las subvenciones que percibirá por arrancar sus cepas. En suma, estamos ante una propuesta que si bien persigue un buen fin tambien puede causar perjuicios a los más débiles. Todo dependerá de cómo se desarrolle el proceso, siempre admitiendo que el sector del vino en España lleva ya tiempo necesitando una meditada racionalización.
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