El Gobierno de España ha renegado del interés general -que es su primera obligación constitucional-; ha vulnerado el espíritu y la letra de la Ley, ha violentado el procedimiento administrativo hasta extremos que rozan el Código Penal y ha despreciado informes técnicos tajantes, con tal de satisfacer las pretensiones esperpénticas e ilegítimas de una persona influyente. Hasta ayer, sólo el Rey, en su calidad de jefe del Estado, y el Ejército, por cuestión de seguridad, ejercían un derecho excluyente sobre tramos de la costa española. Ahora hay un tercer beneficiario, el periodista de Madrid al que, sarcásticamente, más se le oye hablar del Estado de Derecho y del imperio de la Ley.

Ni siquiera el régimen de Franco llegó tan lejos como lo ha hecho el de Zapatero. Cuando en 1974 dio una licencia a la piscina que se había construido ilegalmente el académico Joaquín Calvo Sotelo, lo hizo con carácter «público» y por diez años. Después, la instalación fue recuperada por el Estado. La Ley de Costas de 1988 obligaba al Gobierno a demoler los muros y a rellenar el hueco construido en la roca. Lejos de eso, el ministro Jaume Matas otorgó una nueva concesión en 2001, que ni reguló ni publicó en el BOE. La ministra Narbona ha culminado ahora su despropósito en colaboración con el Govern balear. Juntos han cometido un fraude de ley al anteponer el supuesto «interés» de los escolares de Son Servera por ver una piscina (¡de agua salada delante del mar!) al general, de disponer de la costa.

Si el Gobierno de España lleva los asuntos de Estado de una manera tan indecente como ésta, comprendemos la inquietud y el malestar del principal partido de la oposición. Porque, ¿qué precio político no estará dispuesto a pagar Zapatero a ETA después de esta demostración de debilidad ante un personaje poderoso?