La muerte de un soldado español en Afganistán al ser activada una mina al paso de un convoy, según informó el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, ha vuelto a poner de actualidad el asunto de la presencia de tropas de nuestro país en lugares tremendamente conflictivos del planeta. Hasta tal punto es así que Izquierda Unida (IU), como ya ha sucedido en otras ocasiones, ha pedido la retirada inmediata de nuestras Fuerzas Armadas de los lugares en conflicto.
Sin embargo conviene tener presente que la presencia del Ejército español en Afganistán forma parte de una actuación conjunta internacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) bajo los auspicios de una resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU). No es, por tanto, comparable con la presencia militar española en Irak, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió, en su momento y atendiendo a las peticiones de una mayoría social, retirar.
El Estado tiene suscritos unos compromisos internacionales a los que debe hacer frente, en especial en misiones humanitarias y de vigilancia. Y es evidente que esto comporta riesgos y que, desafortunadamente, pueden producirse muertes entre nuestros soldados. De lo que se trata, es de minimizarlos, reforzando la seguridad y evitando, en la medida de lo posible, que se produzcan bajas, ya sea por accidente o por acción de terroristas.
Lo que, hoy por hoy, ya resulta imposible es sustraerse a la implicación y a las alianzas que tenemos con otros países y organizaciones. Del mismo modo que no podemos culpar al Ejecutivo cada vez que se produce un hecho similar. A este nivel no debiera existir la más mínima diferencia entre los partidos mayoritarios del arco político estatal.
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