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La manifestación celebrada en Madrid este sábado, convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y que contaba con el apoyo del Partido Popular (PP), más allá de la guerra de cifras habitual en las últimas concentraciones por mor de la politización de unos y otros, evidencia la enorme disensión en el ámbito de la lucha antiterrorista. Bien es verdad que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene todo el derecho, e incluso la obligación, de intentar encontrar una salida que permita alcanzar el objetivo de la paz definitiva. Pero no es menos cierto que, para ello, es imprescindible retomar el acuerdo con la oposición del PP. Así se entiende el llamamiento realizado por el presidente del Ejecutivo ayer para que los conservadores le apoyen en la lucha contra el terrorismo.

Sin embargo, algunos acontecimientos pueden haber hecho surgir dudas en un amplio sector de la sociedad y llevarle a pensar que el Gobierno se mostraba excesivamente tibio con los terroristas y abierto a concesiones que incluían la reivindicación histórica de ETA del derecho a la autodeterminación de Euskadi. Y, aunque cualquier reivindicación en democracia es absolutamente legítima, no lo es en absoluto que ésta venga impuesta por quienes pueden hacer uso de las armas. El primer paso debe darlo la organización terrorista abandonando las armas como premisa básica para cualquier otro asunto. No es el Estado de derecho, ni el poder legítimamente constituido, el que debe plegarse a las exigencias de una banda asesina.

La división, propiciada por la excesiva politización por parte de PSOE y PP y su escasa amplitud de miras, sólo ha contribuido a dar alas a los terroristas, que incluso se atrevían ayer a asegurar que han contribuido a «agudizar la crisis del Estado español». Por ello es preciso retomar el acuerdo entre los principales partidos políticos y trabajar unidos para conseguir la paz bajo condiciones de estricta justicia y respeto a las víctimas.