Apenas unas horas después de que comenzara el congreso de las
víctimas del terrorismo, en el que no sentó nada bien la ausencia
del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se
anuncia la dimisión -para después del verano- del alto comisionado
Gregorio Peces Barba, encargado de las relaciones del Ejecutivo con
las asociaciones de víctimas. Desde hace tiempo han venido
aflorando las divergencias entre unos grupos y otros, la
politización de que son objeto algunas agrupaciones y el malestar
de muchos con la política que está llevando a cabo Zapatero.
Pero éste es un momento crucial, delicado, en el que sería mucho
más aconsejable el silencio y la prudencia, a la espera de que
empiecen a verse resultados. Si, como se supone, el Gobierno está
dando pasos encaminados a la consecución de una salida pacífica al
conflicto vasco, todos los implicados deberían estar callados,
atentos y con los dedos cruzados para ver si así nuestro país logra
el sueño de contemplar el final de ETA, que ayer volvió a dar otro
susto con la colocación de una furgoneta-bomba.
Claro que a lo largo y ancho de los contactos con una banda
terrorista se producen cesiones. Todos los gobiernos que ha tenido
España desde el fin de la dictadura han intentado alcanzar ese
acuerdo que convirtiera a nuestro país en un lugar de paz, sin
conseguirlo. Puede que hoy el momento sea más propicio gracias a
las medidas políticas -la ley de partidos-, judiciales y policiales
llevadas a cabo en los últimos años, lo que ha logrado desbaratar
la actividad terrorista de ETA. En estas horas, los demócratas
quizá tengamos alguna oportunidad. Pero el precio nunca debe estar
por encima de la Justicia y el respeto hacia quienes han padecido
al azote del terror.
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