El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero y Convergència i Unió (CiU) sobre el Estatut catalán ha
recibido el plácet de las fuerzas políticas que apoyan al Ejecutivo
a excepción de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que votará
en contra de la definición de Catalunya contemplada en el mismo y
estudiará a fondo la financiación, y el Partido Popular (PP), cuya
reacción contraria no supone ninguna sorpresa, por cuanto se trata
de insistir en una posición que han mantenido desde el mismo inicio
de la tramitación parlamentaria del texto estatutario. Y, como es
previsible, lo más probable es que los conservadores acaben
planteando el asunto ante el Tribunal Constitucional.
Dentro de los aspectos más relevantes destaca el tema de la
financiación, notablemente mejorado, con un incremento de la cesión
de impuestos como el IRPF o el IVA y la creación de una Agencia
Tributaria consorciada en un plazo de dos años. El término 'nación'
figuraría sólo en el preámbulo y se mantendría en el articulado la
actual definición de Catalunya como nacionalidad, como en el
Estatut de 1979.
Todo esto no tiene por qué suponer trauma alguno, siempre y
cuando se garantice la solidaridad entre los territorios que
conforman España y se mantenga la unidad de mercado.
Sería bueno que el desarrollo de la reforma del Estatut catalán
condujera al cambio de otros textos autonómicos como el de las
Illes Balears para conseguir mayores cotas de autogobierno y una
mejor financiación, asunto este último clave en nuestro caso.
No obstante, la negociación no está cerrada, ERC, pese a los
avances, considera insuficiente el texto resultante, y los
contactos se reanudarán hoy en La Moncloa.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.