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En este país ya hace años que la mayoría de los jóvenes -y muchos que no lo son- aspiran a convertirse en funcionarios. Extraña por una parte, porque parece que el joven debe tener ganas de comerse el mundo, de cambiarlo y de desarrollar una profesión, una pasión. Pero deja de extrañar cuando comprobamos, todos los días, que los funcionarios viven mejor que los demás, aunque sólo sea en algunos aspectos: horarios, licencias, seguros médicos, becas... Ahora un nuevo privilegio viene a sumarse a esa ristra de «diferencias» que logrará que ser funcionario sea todavía más atractivo: el aumento de la baja por maternidad y paternidad y la posibilidad de trabajar únicamente hasta las seis de la tarde.

La propuesta del ministro Jordi Sevilla suena muy bien. En realidad, es la materialización de un sueño para muchas madres y muchos padres, pero contiene un terrible agravio: sólo podrán beneficiarse los funcionarios del Estado. Es decir, discrimina descaradamente a millones de trabajadores de otros ámbitos, que nunca podrán acogerse a esta legislación.

Todos sabemos que España tiene un grave problema de natalidad -paliado ahora, en parte, por la inmigración- y que somos el único país de Europa que funciona con horarios tercermundistas. Por eso es más que necesario legislar para que las familias, las mujeres especialmente, puedan compaginar con cierta tranquilidad la tarea de tener hijos con su carrera profesional. Y el acierto de Sevilla, en ese sentido, es total. Pero resulta ridículo que sólo afecte a un sector laboral: los propios empleados de la Administración pública del Estado. Se crearán, así, ciudadanos de primera y de segunda. Unos, gozando de horarios privilegiados; otros, tirando del carro como puedan, a merced de lo que su empresa les imponga.