Al margen de la polémica creada con la idea de los 'minipisos', la recientemente creada Sociedad Pública de Alquiler (SPA) funcionará a partir del próximo otoño. Se trata de una iniciativa del Gobierno encaminada a dinamizar un mercado de alquiler de viviendas actualmente anquilosado. Existen hoy en nuestro país 3,2 millones de viviendas desocupadas, al tiempo que en el mercado de compra se dan fenómenos de excesiva especulación y de inestabilidad entre oferta y demanda. Todo ello ha determinado la creación de esta SPA cuya estructura es la de una sociedad anónima. Los propietarios de viviendas vacías que las cedan a la SPA ingresarán mensualmente alrededor del 80% de la renta mensual que pague el inquilino. El 20% restante será la cantidad máxima que cobrará el ente público por dotar de plenas garantías al arrendador, ya que la sociedad garantiza al propietario que a partir de la firma del primer contrato y mientras la vivienda permanezca en esta bolsa, percibirá su renta con independencia de que el inquilino pague o no, y de que la vivienda esté ocupada o desocupada. Por otra parte, la SPA se encargará de gestionar el alquiler y de las pequeñas reformas previas, proporcionará asistencia jurídica en caso de desahucio, asumiendo las costas procesales y asegurando la devolución del inmueble en perfecto estado. La verdad es que sobre el papel parece una buena idea y lo procedente es atender a su funcionamiento, ya que en ello estriba el quid de la cuestión. Si la SPA inicia su andadura de tal forma que despierta la confianza tanto entre arrendadores como en arrendatarios, no es difícil augurarle un buen porvenir. Lo que no ocurrirá si desde el principio no se concretan suficientemente conceptos un tanto etéreos como los de «pequeñas reformas previas», «devolución del inmueble en perfecto estado», o bien si no se controla eficazmente a las aseguradoras con las que el Ministerio de la Vivienda suscribirá los correspondientes contratos. En suma, este movimiento del Gobierno se demostrará andando.