Demasiadas veces la administración de justicia nos sorprende con
decisiones difíciles de comprender. La última -por ahora- ha sido
la excarcelación del imán de Fuengirola, Mohamed Kamal Mostafá,
condenado a quince meses de prisión por escribir y publicar un
libro en el que da toda clase de explicaciones sobre cómo maltratar
a una mujer sin dejar huella, además de otras perlas similares.
Se dan en este individuo dos variantes peligrosas. Una, que es
un elemento influyente en su comunidad -los musulmanes de su
ciudad-, y otra, que hace gala de una mentalidad flagrantemente
machista y violenta. Es, por tanto, un apologista de la violencia.
De la violencia contra la mujer, una lacra que se está cobrando
vidas humanas cada día.
Pues ese señor está ya en la calle, dispuesto seguramente a
continuar con su tarea de promover los malos tratos y las torturas,
porque nunca se ha arrepentido de su delito y tampoco ha pedido
disculpas. Por decisión judicial. Porque la justicia considera que
en la cárcel no se reformaría. Eso ya lo sabemos. En la cárcel no
se reforma nadie. Al contrario. Pero ahí están miles de presos,
algunos con delitos mucho menos peligrosos que el de este
hombre.
La Audiencia de Barcelona, responsable de la decisión, le ha
conmutado la pena impuesta por un cursillo sobre la Constitución y
los derechos humanos. Quizá siguiendo este mismo sistema, miles de
pequeños traficantes podrían emprender una nueva vida lejos de la
celda donde cumplen condena. Y no es así. De forma que este asunto
huele demasiado a trato de favor. ¿Por qué? Quizá como un gesto de
simpatía hacia la comunidad árabe, que ha corrido el riesgo de
sentirse presionada por la sociedad española tras los atentados de
marzo. Si fuera así, desde luego ésta no es la manera. El delito
está cometido, juzgado y sentenciado. Que cumpla su condena.
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